La Organización Internacional del Trabajo presentó en Santo Domingo, el estudio “Legislación y Jurisprudencia Comparadas sobre Derechos Laborales de las Mujeres”, en el marco de las  conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer que se desarrollan durante el mes de marzo. Según indica el estudio, pese a que el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el mundo laboral está contemplado en los códigos de trabajo de todos los países de América Central y República Dominicana, en esta región aún persisten serios obstáculos para alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.
Al ofrecer las palabras de apertura, el Ministro de Trabajo, doctor Max Puig, advirtió que en República Dominicana persiste una alta incidencia de marginación laboral femenina y abogó porque se fortalezcan las sanciones a quienes incurran en esta violación.
“Hay aspectos en la legislación dominicana que deben ser mejorados, un ejemplo  de esto es que el acoso sexual está condenado por la ley, y no hay una sanción penal. Entonces, una mujer es acosada o un hombre es acosado sexualmente, pero después cuando se va al tribunal no hay ninguna ley que permita establecer una sanción, y todos estos son los aspectos que debemos mejorar”.
Explicó que hay un principio que dice que “a igual trabajo, igual remuneración”. Sin embargo, en el caso de las mujeres no sucede así. “Del mismo modo, a las mujeres se les discrimina también, cuando ilegalmente, muchas de las empresas les hacen practicar pruebas de embarazo. “Eso constituye una violación al derecho a la maternidad de las trabajadoras”, dijo.
María José Chamorro, analista de género de la Organización Internacional del Trabajo, afirmó que en toda la región hay un porcentaje de mujeres en puestos directivos muy inferior al de hombres y muy inferior al de las competencias o el nivel educativo que ahora mismo tienen las mujeres. “¿Que quiero decir con esto? Que la falta de formación no es ya una razón para que las mujeres no ocupen esos puestos, hay otras razones que están detrás y que tienen que ver con temas culturales y con discriminación por razón de sexo”. 
El estudio revela que todavía muchas mujeres de la región enfrentan prácticas discriminatorias como son el recibir salarios más bajos que los hombres,  encontrar mayor dificultad para acceder a ascensos y ser las primeras despedidas en situaciones de recesión.  La persistencias de esa múltiples formas de discriminación hacia las mujeres, es contraria a los Principios Fundamentales en el Trabajo, afirma la OIT, organización que hizo un llamado a redoblar los esfuerzos orientados a  promover la no discriminación de las mujeres en el trabajo.
En el mercado laboral de la región aún hay casos de despidos discriminatorios a trabajadoras cubiertas por el fuero de maternidad, así como  exigencias de pruebas de embarazo previas a la contratación o durante la relación de trabajo.  Lo anterior, no obstante que todas las legislaciones establecen un fuero de protección a la trabajadora embarazada y en período de lactancia, se garantiza la licencia pre parto y post parto, así como el derecho a la lactancia.
Según el análisis realizado, la mayor cantidad de resoluciones administrativas y judiciales referidas a los derechos laborales de las trabajadoras cubiertas por fuero especial, tienen que ver con la discriminación por razones vinculadas a la maternidad. En las sentencias estudiadas se observó que la maternidad, además,  se visualiza como un asunto de las mujeres y no como parte del proceso reproductivo que también involucra al hombre, a la sociedad, a los empleadores y al mismo Estado.
Asimismo, en relación con las responsabilidades familiares, según el estudio, las leyes de América Central y República Dominicana son débiles u omisas en cuanto al establecimiento de medidas que promuevan la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares (creación de centros de cuidado infantil y de otras personas dependientes, licencias de paternidad, ausencias por responsabilidades familiares, por ejemplo).
Una de las prácticas que afectan la salud física y psicológica de trabajadores y trabajadoras es el acoso laboral, el cual tiene particularidades en el caso de las mujeres y se enmarca en situaciones de violencia de género en el ámbito del trabajo y en prácticas específicas como es la discriminación por embarazo, entre otras. Una forma particular de acoso laboral que se observa en la región es el  hostigamiento o acoso sexual el cual está prohibido pero solo de manera indirecta por la mayoría de las legislaciones. Sin embargo, se han encontrado escasas resoluciones relacionadas con el acoso sexual, pues son pocas las mujeres que se atreven a denunciar ya sea por miedo a perder su trabajo, a que no les crean, a ser revictimizadas o estigmatizadas.
Otra de las situaciones advertidas en  la investigación, es el hecho de que  las legislaciones de la subregión aún contemplan una serie de medidas paternalistas hacia las mujeres que les prohíben realizar trabajo nocturno o aquel considerado peligroso. “La visión de finales del siglo XIX de contar con capítulos dirigidos a la “protección de mujeres y menores” resulta actualmente obsoleta y proyecta una imagen de la mujer que no está acorde con el enfoque de derechos que debe prevalecer”, refiere estudio.
En la región no se ha encontrado jurisprudencia referida a la discriminación antes de la contratación, es decir, en el proceso de reclutamiento. Tampoco se ha encontrado jurisprudencia sobre discriminación en el acceso a la formación profesional. Sin embargo, la segregación laboral por sexo sigue siendo un hecho muy presente en los mercados laborales de estos países.
No obstante la existencia de las prácticas discriminatorias referidas, los mecanismos para lograr la exigibilidad del principio de no discriminación en el trabajo no son tan eficientes, pues el acceso de las mujeres a la justicia (tanto administrativa como judicial) aún es muy reducido. En la región se encuentran casos en los que  la legislación no contempla mecanismos para sancionar la discriminación.
En el estudio se recomienda que se establezcan mecanismos para sancionar efectivamente la discriminación,  revisar las legislaciones para asegurar que se pase del enfoque de “protección a la maternidad”,  hacia la “protección del proceso reproductivo”,  se garantice el reintegro de la trabajadora despedida en forma ilegal durante el fuero de maternidad,  y se cuente con legislación específica que prohíba y sancione el acoso laboral en general y el acoso sexual en particular,  entre otras acciones.
Desarrollarán campaña para promoción de la no discriminación
La Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana aprovechó el acto de presentación del estudio para anunciar  el desarrollo de la campaña “Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo: Una cuestión de principios”, la cual está orientada a promover el compromiso de los operadores de justicia y funcionarios del sistema de administración del trabajo con los esfuerzos que se realizan para conseguir la igualdad en el mundo laboral.
La apertura de la actividad estuvo a cargo del Dr. Max Puig, Ministro de Trabajo.  En la presentación de la investigación y la campaña estuvieron presentes también: Paula Antezana Rimaza, investigadora, Yildalina Tatem Brache, abogada feminista; Joaquín Luciano, abogado laborista, Presidente de la Compañía Luciano y Asociados y Miriam López, Facilitadora Nacional, del  Proyecto Verificación de la  OIT.
La eliminación de toda discriminación en el ámbito laboral ha sido uno de los pilares de la OIT. La no discriminación en el trabajo es parte central de dos de los convenios fundamentales incorporados en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  Asimismo, están intrínsecamente relacionados con la misión de la OIT de promover la justicia social, garantizando un trabajo decente para todos y todas, tal como se ha reafirmado recientemente en la Declaración de la OIT de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa. Los convenios más importantes sobre la igualdad (Convenios núms. 100, 111,  156 y 183) ofrecen un marco de referencia para las legislaciones y políticas nacionales.

25/03/11
Fuente: Diario Judicial

   
El Tribunal de Justicia Europeo rechazó la posibilidad de obligar a los proveedores de internet a controlar los intercambios de canciones, series y películas que posean derechos de autor. Internet no tiene límites, pero sí respaldo judicial.
Los miembros de la sociedad de músicos de Bélgica, Sabam, tuvieron dos fallos judiciales a favor para que Scarlet, una de las empresas que provee internet en ese país, controle el intercambio de música de sus artistas entre los usuarios. Pero a pesar de contar con estas dos sentencias, el caso llegó hasta el Tribunal de Justicia Europeo, donde este jueves se dio a conocer el dictamen que prohíbe que se obligue a los proveedores de internet a establecer sistemas de filtrado para controlar que la gente no intercambie obras musicales o audiovisuales con derechos de autor.
El dictamen realizado por el abogado general del Tribunal, el español Pedro Cruz Villalón, es la antesala de la sentencia, que según indicaron fuentes del organismo, tardará varios meses y su fecha aún no está definida.
En el dictamen, Villalón asegura que solo se puede dictar una medida semejante si existiese una Ley Nacional que permita "limitar los derechos y libertades de los internautas". Además, arguye que imponer la pena sobre un proveedor implicaría que la medida se terminara haciendo extensiva a todas las empresas y usuarios.

"El establecimiento del sistema de filtrado y de bloqueo se configura como una limitación del derecho al respeto del secreto de las comunicaciones y del derecho a la protección de los datos de carácter personal, amparados por la Carta de los Derechos Fundamentales. Del mismo modo, la instalación de tal sistema limita la libertad de información, protegida asimismo por la citada Carta", cuenta el dictamen.
Como cuenta Villalón, en noviembre de 2004 la Justicia belga dispuso que existían infracciones de los derechos de autor sobre obras musicales pertenecientes a su repertorio, que eran el resultado del intercambio no autorizado de archivos musicales, a través de los servicios que facilitaba Scarlet, en particular mediante la utilización de programas 'peer to peer' (Ares, Kazaa)".
En 2007, esa sentencia fue ratificada, pero además se impuso una multa de 2.500 euros diarios a la empresa en el lapso que le tomara establecer el sistema. Esta medida fue apelada por la empresa Scarlet en el Tribunal de Apelación de Bruselas. A su vez, éste órgano solicitó la intervención del Tribunal de Justicia Europeo para que dilucide si era correcto que disponga "una medida que ordene a un proveedor de acceso a Internet que establezca un sistema de filtrado y de bloqueo de las comunicaciones electrónicas".
Así es que Villalón se pronunció declarando que "el Derecho de la Unión Europea se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, basándose en la disposición legal belga, dicte una resolución judicial en virtud de la cual se ordene a un proveedor de acceso a Internet que disponga, con respecto a toda su clientela, de manera abstracta y con carácter preventivo, a expensas exclusivamente del propio proveedor de acceso a Internet y sin limitación en el tiempo, un sistema de filtrado de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios".

25 de abril 2011
Fuente: Diario Judicial

Un guerrillero en Quintana Roo

Lydia Cacho
“No me preocupa ni me mete miedo, al contrario, me da risa; me pongo a pensar que de verdad esos cabrones me tienen miedo”; dijo en general Carlos Bibiano Villa, nuevo Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, al referirse a los Zetas. Ese militar de 62 años que confesó hace un mes asesinar a mujeres y hombres bajo sospecha de pertenecer a grupos criminales http://www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=007n1pol, es el mismo que, luego de recibir órdenes, envió a los medios una carta disculpándose por el lenguaje en su entrevista, argumentando que él defiende los derechos humanos y cumple la ley. El gobernador Roberto Borge declaró que sí le cree a Bibiano, “Me lo recomendaron la Sedena e Isabel Arvide”, ha dicho el joven priísta sin retirar sus pulgares y la mirada de su Blackberry.
Y hay que poner atención, porque desde Chihuahua hasta la península de Yucatán, estos militares toman los cuerpos policíacos para implementar estrategias de guerra en un país, que ya ha dicho Calderón, “no está en guerra”. Entonces  ¿Qué hace el general Bibiano en Quintana Roo? Hace unos días explicó que  para desarrollar aquí su misión trajo un equipo con tecnología de punta, con valor de más de 4 millones de pesos, que pagó de su bolsillo; tiene capacidad para interceptar llamadas, detectar movimientos “y otras cosas que mejor no digo, son secretos de guerra”.En una advertencia de opacidad monumental ha dicho “en la guerra no se pide permiso, se interviene y ya”.
El mismo que hace unas semanas sonreía afable asegurándonos que  viene tras “los malandros y los cochinos”, dijo “lo mío es la guerrilla urbana”. Es experto en telecomunicaciones, entró al Ejército a los 16 años, recibió adiestramiento especial en inteligencia y contrainteligencia en Israel; tiene dos licenciaturas y una maestría, y sus declaraciones no son una casualidad. Este militar viene con mano dura a un estado que, durante dos décadas, ha trabajado por una cultura de derechos humanos al margen de gobiernos corruptos y ambiciosos.
La guerrilla urbana del general es una táctica bélica que suele ser adoptada por los grupos de combatientes que se encuentran en desventaja frente a fuerzas militares bien organizadas (en este caso los Zetas). Consiste en evitar confrontaciones abiertas con las tropas enemigas, buscando pequeños combates en los que no exista superioridad numérica, así como actos de sabotaje. La meta es causar el mayor número de bajas (homicidios) posibles, para debilitar al enemigo.
Para los militares entrenados en técnicas de guerrilla urbana, dos cosas son imprescindibles, dice un colega de Bibiano: considerar que el enemigo está en todas partes y actuar sin previo aviso (sin jueces de por medio para intervenir líneas telefónicas o hacer detenciones arbitrarias).
El gobernador Mario Villanueva abrió al puerta al narco y las negociaciones se han mantenido estables con los sucesores. Los responsables de seguridad del aeropuerto han dicho que no trabajarán con Bibiano, puesto que él es responsable de la policía preventiva y de fortalecer la seguridad pública y no tienen reconocimiento para trabajar en áreas federales, como el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.
No puedo sino preguntarme ¿implementará la seguridad pública con guerrilla urbana? Sus desplantes nos hacen comprender que el general ignora que en Quintana Roo hubo 0.8% de ejecuciones mientras que en Chihuahua hubo 17.6; en cambio en Quintana Roo el delito de mayor incidencia es la violación con un 40.9%  comparado con el 19.6% de Chihuahua. Los índices delictivos más altos de Quintana Roo son por violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidio imprudencial, robo y amenazas; es decir los dleitos del fuero común que no se abaten con tácticas de guerra. El narcomenudeo es similar al de otros estados turísticos y fronterizos. Todos los estudios indican que lo que le urge al estado es crear una cultura de paz y civilidad, mejorar el procedimiento penal, abatir la pobreza, fomentar un turismo ético, impulsar la cultura en políticas integrales de prevención del delito con jóvenes (para ello trabajan organizaciones civiles desde hace una década). Sin embargo un bravucón obsesionado con la guerra y el narco dice que “implementará la seguridad pública” con violencia en nuestros barrios.
No cabe la menor duda de que debe abordarse la violencia generada por el narco y sus cárteles; la naturaleza federal de estos delitos exige estrategias muy puntuales y transparentes a la vez, de la PGR y SIEDO, instituciones responsables de investigar y perseguir delitos federales contra la salud. Esta tarea no le corresponde a un Secretario de Seguridad Pública local,  en primer lugar porque en vez de fortalecer las instituciones las desvirtúa más al llevar a cabo trabajo de inteligencia militar que no está regulado ni avalado por las autoridades federales ni estatales;  en segundo lugar porque el hecho de que sea militar (retirado) no significa que haya pasado las pruebas de control de confianza federales, que exigen salud mental, honestidad, transparencia y apego a la ley, entre otros factores fundamentales. En tercer lugar porque la inestabilidad que la delincuencia organizada ha generado en las instituciones policacas, sólo se puede resarcir con trabajo de equipo, transparencia y apego a la legalidad. Lo que el general Bibiano Villa propone es lo contrario: trabajar solo porque desconfía de toda la gente local, incuidos los miembros del Consejo Estatal de Seguridad (amenazó a uno de ellos y se fue del estado), este consejo fue creado legalmente justo como contrapeso de los abusos del poder y para la transición hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal aprobado por el Congreso de la Unión en 2006. Por último Bibiano Villa no tiene ni el poder, ni la posibilidad y respaldo de investigar a  personal cercano a su propio jefe (el Gobernador de Quintana Roo) ni a los miembros de su gabinete, incluído el  Procurador de Justicia  (a quien investigaciones periodísticas y de SIEDO han señalado como negociador entre el gobierno estatal y los carteles.)
Yo vivo en quintana Roo desde 1986, tengo amistades que han huido de Playa del Carmen y Cancún por miedo a las amenazas y extorsiones de los Zetas, yo he recibido amenazas directas de ellos, y nuestro Centro de Atención a víctimas, que durante una década ha rescatado a cientos de sobrevivientes de violencia extrema, y defendido a víctimas de la delincuencia organizada, ha denunciado sistemáticamente el daño que el crimen organizado hace al tejido social. No cabe duda de que es urgente acotar al crimen organizado en quintana Roo, sin embargo la presencia del general Bibiano Villa, su discurso y el del gobernador Borge, son simple maquillaje para un problema claro que necesita de un abordaje multisectorial y transparente. Hay duficiente evidencia para demostrar que militares en retiro como Bibiano Villa no han hecho sino estragos en otros estados; asesinar presuntos culpables no es la respuesta, generar paz social y una cultura de legalidad y derechos humanos es la clave. En ese contexto la militarización policiaca resulta inaceptable, y el miedo no puede impedirnos decirlo en voz alta: la violencia no es el camino para la seguridad y la justicia.

fuente:www.lydiacacho.net Twitter: @lydiacachosi
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Para presentar ponencias en mesas temáticas es necesario enviar un resumen de máximo 500 palabras para cada ponencia propuesta (con título centrado -en mayúsculas sólo los nombres propios- debajo de éste, dejando un renglón: nombre completo, lugar de adscripción y correo electrónico de cada uno de sus autores , cargados hacia la derecha) al Comité Organizador (congreso.mobbing@gmail.com), con copia al o la coordinador(a) de la mesa correspondiente.
Se aceptan un máximo de tres participaciones como autor(a) o coautor(a).
Se reciben resúmenes a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes        29 de abril de 2011 (no habrá prórroga).

Los coordinadores respectivos organizarán mesas de trabajo de dos horas (entre 4 y 6 ponencias) y comunicarán los resultados de aceptación a todos los autores y al Comité Organizador (congreso.mobbing@gmail.com), a más tardar el viernes 27 de mayo de 2011.
El tiempo máximo para la presentación de cada ponencia en las mesas es de 20 minutos (un máximo de 8 cuartillas a doble espacio o 12 diapositivas de power point).

Para participar como ponente (autor(a) y todos los coautores) en el Congreso, ser incluida en el programa y obtener la constancia respectiva, es requisito indispensable cubrir la cuota correspondiente de $ 500.00 (pesos mexicanos), a más tardar el 31 de mayo de 2011, depositándola en BANAMEX, sucursal 957, cuenta 8334359, a nombre de Rocío Fuentes Valdivieso (tesorera del Congreso) y mandar copia escaneada de la ficha de depósito desde el correo personal de cada uno de autoras y coautores con su nombre completo, teléfono, la fecha del depósito, la sucursal, la ciudad y el monto depositado en el cuerpo del texto del mensaje a: congreso.mobbing@gmail.com.
Los participantes que deseen el material, la papelería del congreso y constancia de asistencia, favor de depositar $ 250.00 en los términos y fechas arriba descritos.
Los depósitos del extranjero se recibirán en la cuenta PayPal cuyos datos con gusto enviaremos a solicitud expresa a: congreso.mobbing@gmail.com, las cuotas son de 50 y 25 dólares, respectivamente (los cuerpos académicos convocantes no son personas morales, por lo que se emitirán recibos de pago).



Convocan
Mesas de trabajo y coordinadores |
Comité organizador y Comité internacional 


Comité técnico  
Instituciones co-convocantes

(Madrid) JUSTICIA-INTERIOR-SUCESOS,JUSTICIA | > AREA: Justicia e Interior
07-04-2011 / 21:20 h
Madrid, 7 abr (EFE).- La titular del Juzgado de lo Social número 12 de Madrid, Francisca Arce, ha condenado a Explotaciones Cerámicas Españolas a indemnizar con 55.000 euros a un trabajador que sufrió acoso laboral ('mobbing') por parte del propietario de la empresa tras denunciar que se incumplía la legislación medioambiental y la normativa de prevención de riesgos laborales.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso de súplica ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también se condena a la empresa al pago de 134.706 euros en concepto de indemnización derivada de la extinción a instancia de trabajador, que demandó a la empresa con el apoyo de los servicios jurídicos de UGT-Madrid.
Los hechos se remontan a 2006, cuando el trabajador, ingeniero de minas y director facultativo de la compañía, presentó varios informes a ésta en los que daba cuenta de irregularidades en el cumplimiento de la regulación de Minas y Medio Ambiente, que afectaban a viviendas próximas.
También comunicó a la empresa que estaba vulnerándose la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
A partir de este momento, la empresa le impidió visitar la explotación minera, que estaba en Guadalajara, y el 24 de agosto de 2007 le apercibió por bajo rendimiento en su trabajo.
Una vez elegido, el 8 de junio de 2008, delegado de Personal y delegado de Prevención elaboró distintos informes en los que figuraban irregularidades detectadas por él mismo y por un servicio de prevención ajeno, "como el nivel de polvo superior al permitido por la ley, la necesidad de uso de mascarillas por los trabajadores, vertidos al río Tajo o la falta de agua potable", según la sentencia.
Posteriormente, el trabajador fue obligado a compartir un despacho con dos trabajadoras hermanas entre sí y sobrinas del consejero delegado, lo que le impedía desarrollar con normalidad sus funciones de representante legal, y también le retiraron la cuenta de correo electrónico.
El trabajador se encuentra en tratamiento psicológico, aquejado de trastorno adaptativo, y presenta síntomas depresivos asociados a estrés laboral.
A raíz de las denuncias, la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción en dos ocasiones: La primera por 'mobbing', proponiendo la imposición de una sanción de 60.500 euros y la segunda, por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, proponiendo una sanción de 53.275 euros. EFE
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=772676
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